Parlamento investigará gestión de ASSE

4. Buena Estrella: emblemático caso llega al ParlamentoEl exdirector de ASSE en representación de los trabajadores, Alfredo Silva, fue procesado sin prisión en junio de 2014 luego de que directores de hospitales lo denunciaran por ejercer presión ante ellos para que contrataran a la asociación civil Buena Estrella, que se ocupaba de la limpieza del Maciel, el Instituto Nacional del Cáncer (INCA) y los centros de salud pública en Pando y Rivera. Cuando el caso salió a la luz el Partido Nacional pidió una investigadora, pero el Frente Amplio, con su mayoría parlamentaria, la bloqueó. Ahora, Unidad Popular sí tiene los votos para abrir una investigadora que pondrá tanto a Alfredo Silva como a la presidenta de ASSE, Beatriz Silva, en el compromiso de declarar ante los legisladores de la Cámara de Diputados. “Todos los que trabajaron en ASSE desde 2008 podrán ser citados”, dijo el diputado Eduardo Rubio. Para los legisladores que se ocupan de temas de salud, y que con seguridad formarán parte de la investigadora -pues cada partido se encarga de elegir a sus especialistas para la conformación de esta- la comparecencia de ambos Silva es considerada una obviedad. La maniobra protagonizada por Alfredo Silva incluyó también a otras cuatro empresas, la asociación civil APEX (que desempeñaba tareas en el Pasteur y el Vilardebó), Joaka S.A. (que lo hacía en los centros de salud de Rivera, Soriano y en las oficinas de ASSE), Jorge Lucero (en Flores, Lavalleja, Rocha, Salto, Soriano, Bella Unión y Dolores) y Onamérica (que brindaba servicios de camilleros, limpieza y vigilancia en el Pasteur, el Saint Bois y centros de salud de Canelones, Colonia, Rivera y Rocha). Apex y Joaka tenían tres contratos cada una; Jorge Lucero y Onamérica, 11. El dueño de Onamérica fue justamente uno de los que reveló la trama de corrupción montada por Heber Texeira, encargado de las empresas tercerizadas en la FFSP -que también piensan citar para que preste declaración para la investigadora-, y Silva, al confesar ante la Justicia que accedió a girarle a Texeira 40.000 pesos para que cesaran unos conflictos sindicales que lo estaban afectando.Onamérica mantenía hasta el año pasado tres contratos con ASSE, que fueron cesados luego de que el diputado nacionalista Martín Lema lo denunciara públicamente y que el Tribunal de Cuentas se pronunciara contra la empresa. Se trataba de dos contratos con el Hospital Pasteur y uno en el Saint Bois (por peones y camilleros). Tras este caso se ordenaron dos auditorías, una interna y una externa, para las 900 instituciones que están bajo la órbita de ASSE. La mayoría de las unidades ejecutoras no dieron los datos que se les pidieron. En las que sí contestaron se detectó una serie de irregularidades en la contratación de las tercerizadas y en el cumplimiento de estas de los contratos que mantienen con la administración. El diputado Lema dijo a El País que la apertura de la investigadora puede implicar la realización de nuevas auditorías en la que los hospitales “se pueden ver obligados a responder todas esas cosas que no respondieron”.

1. Bella Unión: tres directores que venden traslados El caso Bella Unión es para el diputado Rubio “el más emblemático”, una suerte de resumen de “las desprolijidades” que suceden en ASSE. La empresa de traslados de ambulancia Siemm se creó en 2011. En 2013 empezó a trabajar para el Hospital de Bella Unión. Sus titulares son todos directores de hospitales: Federico Eguren, del Pereira Rossell; Rodrigo Barcelona, del Hospital Pediátrico de la misma institución, y Marcos García, de Salto. Cuando se formó la empresa, Eguren era director del Hospital de Bella Unión y Barcelona se desempeñaba como pediatra. En 2012 Eguren dejó el cargo y García pasó a ser director del hospital salteño. Desde ese entonces, hasta 2016, le vendieron al Estado servicios por más de US$ 825.000. Luego de que el diputado blanco Martín Lema denunciara esta situación, ASSE hizo una consulta al Tribunal de Cuentas para preguntar si esto implicaba alguna irregularidad. En la carta, ASSE además acota que “sería muy elevado, más allá de que en el momento actual no se dispone de recursos humanos y materiales”, que ese servicio lo prestara otra firma, o lo hiciera ASSE con sus propios móviles. Pese a esto, el Tribunal de Cuentas respondió que esta contratación viola el art. 46 del Tocaf, que señala que es un impedimento para contratar con el Estado “ser funcionario de la Administración contratante o mantener un vínculo laboral de cualquier naturaleza con la misma”. Pese a lo advertido en la consulta sobre la falta de móviles y personal, ASSE desvinculó a Siemm y pocas semanas después puso ambulancias propias. El miércoles el directorio de ASSE trató un reclamo de Barcelona, como titular de Siemm, en el que pedía que se cumpliera con la última licitación que ganó la empresa. El directorio rechazó el reclamo. Fuentes de ASSE dijeron a El País que ahora se espera que Siemm se presente ante la Justicia.

2. Hospital de Ojos: alertan cobro irregular de operaciones A fines del año pasado dos integrantes del ala opositora de la Federación de Funcionarios de Salud Pública (FFSP), María García y Silvia Machado, presentaron una denuncia ante ASSE en la que advertían que la directora del Hospital de Ojos, Sandra Medina, estaba cobrando por operaciones que no realizaba. Para demostrarlo enviaron lo registrado por el reloj de entrada de la institución, que demostraba que en ciertos días la jerarca había ingresado a trabajar más tarde de la hora en la que figuraba como que había operado. Con esta información ASSE decidió, en una resolución del 28 de diciembre pasado, sumariar a García y Machado por el “irregular manejo de documentación de carácter reservado conteniendo información de la funcionaria denunciada y pacientes del Centro”. Recién en abril, y pocos días antes de que el caso saliera a la luz en una nota publicada en Búsqueda, ASSE resolvió que también se iba a abrir una investigación administrativa, que aún no culminó, para evaluar el comportamiento de la jerarca del hospital. “Corresponde instruir una investigación administrativa a fin de determinar o comprobar la existencia de actos o hechos irregulares o ilícitos dentro del servicio y a la individualización de los funcionarios responsables”, señala el documento, que también advierte que la funcionaria, “desde la administración anterior”, estaba autorizada a operar y cobrar por las operaciones, y que debía hacerlo fuera del horario en que se desempeñara como directora del hospital. La investigación interna que se hizo en el Saint Bois, y que fue enviada a ASSE, en tanto, advierte la existencia de “errores” en los horarios que marcan los relojes de la institución. El diputado blanco Martín Lema hizo en abril un pedido de informes a ASSE en el que pide el detalle de horarios de entrada de funcionarios y de horas en que se llevaron a cabo cirugías, pero aún no le fue respondido.

6. Colonias psiquiátricas: denuncias de maltrato La manera en que se trata a los pacientes psiquiátricos en Uruguay es algo que está en tela de juicio desde hace años, pero todo empeoró desde el 25 de marzo de 2015, cuando un paciente murió tras ser atacado por una jauría de perros en el predio de las colonias Etchepare y Santín Carlos Rossi. A partir de ahí empezaron llover denuncias por violaciones a los derechos humanos de los usuarios. La denuncia que motivará la apertura de la investigadora incluirá un capítulo sobre la violación a los derechos humanos en los centros de salud, sobre todo en las instituciones psiquiátricas. En marzo de 2016 un funcionario de la Etchepare fue sumariado tras usar una linterna-picana y tener relaciones sexuales con un paciente. En julio de 2016 un paciente de la Colonia Santín Carlos Rossi perdió la vida tras ser atropellado por un camión con zorra que se disponía a cargar leña. En diciembre de 2016 una funcionaria fue suspendida luego de instar a dos internos a que tuvieran relaciones sexuales entre ellos. En este mismo mes una funcionaria fue sumariada por ser responsable de las quemaduras sufridas por un paciente y su posterior fallecimiento. En tanto, también en diciembre fue destituido un licenciado en Neurofisiología Clínica del Hospital Vilardebó, luego de que este fuera denunciado por una psicóloga por “abuso y acoso sexual” contra una usuaria de la institución. El sindicato de las colonias sigue denunciando que hay perros sueltos, muchos de ellos de la jauría original que mató al paciente en 2015, y también advierten la presencia de roedores en la institución. Hay más de 800 internos en las colonias, y ASSE se puso el objetivo de bajar este número a 400 antes de terminar esta administración. La idea es empezar un proceso que termine con este tipo de instituciones, haciendo que los prestadores de salud sean quienes se encarguen de estos pacientes.

5. Rivera: se gastó de más y no hay para pagar sueldos Esta semana el ministro de Salud Pública, Jorge Basso, recibió a los diputados Saúl Aristimuño (Frente Amplio), Gerardo Amarilla (Partido Nacional) y Tabaré Viera (Partido Colorado), todos de Rivera, para hablar de la situación que atraviesa el hospital de ese departamento, que debe $ 18 millones a personal médico y no médico de la institución. El jerarca también mantuvo una reunión con los representantes de la Federación Médica del Interior (FEMI) para intentar destrabar este conflicto al que las autoridades de ASSE no encuentran una solución. En diciembre pasado ASSE abrió una investigación administrativa contra el Centro Departamental de Rivera “por exceder en el período 2014-2016 en un 100% el gasto ejecutado” en el rubro “Estudios Médicos”. Esta cifra equivale a $ 48 millones que fueron utilizados para completar los salarios de los trabajadores, según informó el semanario Búsqueda en marzo. Amarilla declaró a El País que “al no disponer más de este dinero, la dirección del hospital empezó a deberles plata” a los trabajadores “y ya van $ 18 millones”. ASSE quedó en un callejón sin salida, ya que la alternativa para solucionar el conflicto que proponen los trabajadores es la creación de cargos de alta dedicación para los profesionales médicos (lo que implica el trabajo de 40 a 48 horas semanales en la institución, por salarios que van de los $ 162 mil a los $ 193 mil). El problema es que esto implicaría una señal poco amigable para otros centros que sí fueron prolijos con sus finanzas y que también pelean por cargos de alta dedicación. El tema se trató el miércoles en la reunión del directorio de ASSE, que está llevando un estudio sobe la cantidad de personas reclamantes y la cifra exacta que se adeuda.

3. Cerro Largo: gasto desmedido en CTI y publicidades Esta semana el director del Hospital de Cerro Largo, Andrés Rodríguez, presentó su renuncia. Lo hizo en medio de una serie de denuncias por irregularidades en los gastos de la institución. Rodríguez, el gerente financiero y el administrador del centro de salud habían sido sumariados en marzo pasado por “presuntos actos irregulares” en la contratación de recursos humanos para servicios de traslados especializados, internación domiciliaria y cuidados paliativos, arrendamientos de ambulancias y comunicación. En febrero, durante la interpelación al ministro Jorge Basso, el diputado blanco Martín Lema denunció que este centro de salud incrementó los gastos en servicios médicos de $ 307.000 en 2008 a $ 16 millones, “es decir 53 veces más”, en 2015. También dijo que el hospital “gastó en 2008 aproximadamente $ 18.700 en publicidad y en 2016, $ 1.600.000”. Por otro lado, según el balance 2016 del hospital, que fue obtenido por El País, el centro pasó de gastar $ 21 millones en 2015 en la contratación de camas de CTI, a $ 42 millones en 2016, pese a que en este último año se firmó un convenio de complementación con una mutualista. La cifra viene creciendo desde 2009 (en 2008 no figuran los gastos) cuando fueron $ 2,7 millones, salvo una baja en 2012, cuando la cifra fue de $ 3 millones. También se registra un aumento en la contratación de tomografías, que pasó de $ 12,1 millones en 2015 a $ 16,6 millones en 2016. Rodríguez asumió como director del hospital hace un año, por lo que hay varias denuncias que no salpican directamente a su administración, sino a las anteriores. “Encontré un hospital que tenía carencias en las formas administrativas, procedimientos que aumentaban el gasto enormemente, pero al mismo tiempo había necesidades asistenciales que había que cubrir”, declaró el jerarca esta semana a El País, y dijo que se quedará en el cargo hasta que se designe a su sucesor. “Muchas veces nos apuramos por la ansiedad de solucionar y podemos incurrir en algún error administrativo”, reconoció.